Derechos humanos y derechos constitucionales: El enfoque del Dr. Juan Antonio Cruz Parcero

Publicada el 31 de mayo de 2021

En esta ocasión se abordara un enfoque de los Capítulos I y II del libro “HACIA UNA TEORIA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS”, autoría del Dr. Juan Antonio Cruz Parcero, en la visión de los alcances de la reforma al artículo 1 Constitucional que reconoce de forma expresa los derechos humanos tanto en su mismo contenido como en los Tratados Internacionales que nuestro país ha suscrito y con ello la obligación de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El Dr. Cruz Parcero, sintetiza nueve implicaciones de esta reforma constitucional en las siguientes:

1.- Un cambio conceptual entre Garantías Individuales por Derechos Humanos.

2.- La importancia de la teoría de los Derechos Humanos y los que llama Derechos Constitucionales.

3.- El principio Pro Persona como criterio valorativo.

4.- La titularidad de los Derechos Humanos.

5.- Alcance de las obligaciones derivadas de los Derechos Humanos.

6.- Principios para interpretar los Derechos Humanos.

7.- La supremacía interpretativa de los principios de los Derechos Humanos.

8.- Casos que involucran Derechos Humanos y casos que no lo hacen.

9.- Control difuso de constitucionalidad y convencionalidad.

El autor aborda las directrices de Carlos S. Nino, así como del Dr. Rodolfo Vázquez los cuales hacen valer diversos valores o principios tales como la autonomía, la inviolabilidad, la dignidad de la persona y la igualdad.  En la especie enfatiza la Dignidad Humana bajo el cual indica que bajo el mismos prohíbe tratar a una persona solo como un medio o instrumento para la satisfacción de intereses o deseos de otra, incluso cuando sean una mayoría.

Sostiene bajo el dictado de tales doctrinarios que la Dignidad Humana permite fundar derechos humanos básicos como el derecho a la vida, a la integridad, la intimidad, el honor, la identidad, entre otros. Principio que como se abordara más adelante es uno de los factores decisionales del autor para determinar que los derechos humanos no son aplicables a las personas morales. Esto frente a una “dignidad espuria” de las corporaciones, tal como lo denomina.

El Dr. Cruz Parcero manifiesta que bajo la teoría dogmática de los derechos humanos nuestra constitución tendría que reconocer derechos humanos y otro tipo de derechos bajo – como lo enfatiza el autor- una jerarquía especial – constitucional- por razones diferentes a los que sirven de fundamento a los derechos humanos. Lo que conllevaría a un trato diferenciado. Y es que de lo contrario ello conduciría a confundir los mismos derechos humanos con otros derechos que para el autor llegarían a ser constitucionales.

En este contexto, una consecuencia de lo anterior es que, por ejemplo, el principio interpretativo especialmente el Pro Persona no tendrían que aplicarse en los derechos constitucionales que no llegan a ser derechos humanos. Para ello indica que es la misma constitución la que contiene derechos que no pueden ser considerados derechos humanos. Cita como ejemplo de ellos al derecho de los trabajadores a recibir la PTU y el derecho de acceso a la banda ancha. En tal sentido la aplicación de los criterios filosóficos y político-institucional para la identificación de los derechos humanos.

El enfoque abierto de oposición del autor, al determinar que la titularidad de los derechos humanos no corresponde a las personas morales, radica en sostener un error de la SCJN al abordarlo en la contradicción de tesis 360/ 2013 bajo el cual se sostiene que las empresas si son titulares de algunos derechos humanos. Esto bajo lo que el autor denomina falacia de petición de principio en donde se dijo que, tratando de aplicar el principio pro persona, se les debía reconocer derechos humanos a las personas morales, dado que eran “personas” incurriendo la Corte en lo que el autor denomina confusiones conceptuales inaceptables.

Dicho argumento utilizado por la corte, sigue diciendo el autor, no resulta correctamente aplicado dado que la controversia es precisamente dilucidar si las empresas son o no titulares de los derechos humanos, esto porque el citado principio sirve para interpretar derechos humanos, no para justificar que las morales sean titulares de derechos humanos. Ello dado que el principio pro personae, no tendría razón de ser o de aplicarse al abordar derechos constitucionales que no son derechos humanos.

Por lo que la citada justificación no resulta correcta ya que se tiende a confundir los derechos humanos con los derechos constitucionales que no son derechos humanos. La corte, dice el autor, borra esa distinción. Ya que no todo derecho constitucional es un derecho humano. Esto dado que los derechos de las empresas se justifican bajo otras razones instrumentales diferentes a los de las personas físicas. Tales como de economía, de eficiencia o de seguridad jurídica. De aquí que como sostiene el Dr. Cruz Parcero, la importancia de establecer en una doctrina de los derechos humanos y de los derechos constitucionales, qué grupos sí tienen derechos humanos y cuáles serían estos.

En este sentido resulta relevante los alcances de la teleología de la dignidad humana para llegar a reforzar la posición del Dr. Cruz Parcero y que acertadamente aborda. Esto bajo el dictado de dos jurisprudencias, que nos dan luz sobre dicho principio en atención solamente a las personas físicas por lo que hace a un lado la protección del mismo a favor de las personas morales.

En la jurisprudencia bajo registro digital 2012363, emitida por la Primera Sala de la SCJN, bajo tesis 1a./J. 37/2016 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el mes de agosto de 2016 con el rubro “DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA”, en esta se precisa que la  dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La citada Jurisprudencia indica que la Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Por lo que, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta, en su núcleo más esencial, como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.

Más tarde en el mes de junio del año de 2017, la Segunda Sala de la SCJN con el registro digital 2014498, bajo Tesis: 2a./J. 73/2017 (10a.) emite la Jurisprudencia de rubro “DIGNIDAD HUMANA. LAS PERSONAS MORALES NO GOZAN DE ESE DERECHO”, en el que precisan que si bien es cierto el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la tutela de derechos humanos a todas las personas, lo que comprende no sólo a las físicas, consideradas en su calidad de seres humanos, sino también a las jurídicas, ello se circunscribe a los casos en que su condición de entes abstractos y ficción jurídica se los permita, ya que es evidente que no pueden gozar de la totalidad de los derechos privativos del ser humano, como ocurre con el derecho a la dignidad humana, del que derivan los diversos a la integridad física y psíquica, al honor, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal, que son inherentes al ser humano como tal.

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